En una contundente postura frente a las reformas de fondo impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional, la Iglesia neuquina encendió las alarmas sobre el futuro de los recursos estratégicos del país. A través de un pronunciamiento conjunto, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) y el Equipo Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Neuquén manifestaron su “profunda preocupación y su firme rechazo al proyecto de ley PE 13/26”, al considerar que la iniciativa oficial significa un “grave retroceso para la soberanía territorial argentina y una amenaza para los bienes comunes que pertenecen a todo el pueblo”.
El documento —firmado por el P. Fernando Arce SDB y y por el P. Martín Gottle, coordinadores y delegados de EDIPA— enfatiza que la discusión generada por la propuesta gubernamental trasciende con creces los límites de los sectores rurales o indígenas. Según expresaron los equipos pastorales, “este proyecto no afecta únicamente a las comunidades indígenas ni a los pequeños productores rurales. Sus consecuencias alcanzan a toda la sociedad argentina, porque compromete el futuro de nuestro territorio, el acceso al agua, la producción de alimentos, la preservación del ambiente y la capacidad del Estado de proteger recursos estratégicos que constituyen el patrimonio de la Nación”.
Para la diócesis patagónica, concebir el suelo argentino únicamente bajo una lógica comercial resulta un error de graves proporciones para la estabilidad socioeconómica. En el texto, se argumenta con firmeza que “la tierra rural no puede ser considerada exclusivamente una mercancía sometida a las reglas del mercado. Es el sustento de la vida, la base de nuestra producción, la fuente de nuestros alimentos y el espacio donde se desarrolla la identidad y la cultura de los pueblos”. Asimismo, subrayan su rol crucial como “un recurso estratégico para la defensa de la soberanía nacional y para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras”.
Si bien admiten que “las comunidades indígenas, las familias campesinas y los pequeños productores serán, probablemente, los primeros en sufrir las consecuencias de una mayor concentración y extranjerización de la tierra”, advierten que las implicancias negativas afectarán al conjunto social.
Al respecto, detallaron la dinámica de riesgo que provocaría la norma de aprobarse: “Cuando el control de grandes extensiones del territorio nacional queda sujeto a intereses económicos ajenos al país, se debilita nuestra soberanía, aumenta la especulación sobre la tierra, se dificulta el acceso para quienes producen y trabajan, y se pone en riesgo el carácter público de bienes esenciales como el agua, los ríos, las nacientes, los caminos rurales y otros espacios de uso comunitario”.
Por esa razón, remarcaron que el debate parlamentario no debe encasillarse como una disputa corporativa o regional. “No estamos frente a una discusión sectorial. Está en juego la posibilidad de que la Argentina continúe decidiendo soberanamente sobre sus recursos naturales, sus territorios estratégicos y el destino de bienes que pertenecen a todo el pueblo. El territorio nacional no puede reducirse a un simple activo financiero disponible para la especulación o la concentración económica”, asevera el comunicado.
Para fundamentar su rechazo técnico y pastoral, los organismos diocesanos recurrieron a las enseñanzas del papa Francisco de las encíclicas Laudato Si’ y Fratelli Tutti. Remarcaron que la tradición cristiana “nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada”, sino que por el contrario, “toda propiedad debe cumplir una función social y estar subordinada al destino universal de los bienes”.
En esa línea de pensamiento, la Iglesia de Neuquén remarcó que el principio de propiedad privada “jamás puede ejercerse en contra del bien común ni del derecho de los pueblos a vivir dignamente”.
Llamado a los legisladores y a la sociedad civil
Ante el avance legislativo del proyecto PE 13/26, desde la diócesis de Neuquén dirigieron una apelación directa al Congreso de la Nación. “Hacemos un llamado a los legisladores nacionales para que rechacen toda iniciativa que facilite la concentración y extranjerización de las tierras rurales y debilite las herramientas de protección del patrimonio territorial argentino”, solicitaron.
El pedido no se limitó a la esfera parlamentaria, sino que convocó a una articulación amplia a nivel federal y comunitario. La Pastoral Aborigen y la Pastoral Social invitaron formalmente a los gobiernos provinciales y municipales, a las universidades e instituciones educativas, así como a las organizaciones sociales, sindicales, ambientales y religiosas a manifestar públicamente su compromiso en defensa del territorio nacional.
“La historia demuestra que cuando un país pierde el control sobre su territorio, también pierde capacidad para decidir sobre su desarrollo, sus recursos estratégicos y su futuro. La tierra, el agua y los bienes naturales no pertenecen solamente a quienes hoy los habitan; constituyen una herencia que debemos custodiar y transmitir íntegra a las próximas generaciones”, advierte el escrito.
Hacia el cierre del documento, se reafirma la postura histórica en la región patagónica: “Desde EDIPA renovamos nuestro compromiso de caminar junto a todas las comunidades que defienden la vida, el territorio y la dignidad humana. Convocamos a toda la sociedad argentina a asumir esta causa como propia, porque la defensa de la tierra no es una reivindicación de un sector: es una responsabilidad de todos”.
La declaración concluye con una premisa categórica y sin matices, postulada como una consigna clara de cara al debate legislativo que se avecina: “La tierra argentina no está en venta. La soberanía no se negocia. El agua, el territorio y los bienes comunes son patrimonio de todo el pueblo argentino y deben permanecer al servicio del bien común”.
El comunicado completo se puede leer aquí.
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