El Equipo Diocesano de Pastoral Indígena (EDIPA), de Neuquén, emitió un comunicado de prensa para solidarizarse públicamente con las comunidades de Newen Kura, Fvta Xayen, Kelu Kura y Ragilew Cárdenas y para repudiar “los hechos de violencia en el marco del desalojo ordenado judicialmente ante la denuncia del Poder Ejecutivo”, ocurrido el domingo 20 de julio frente a la gobernación de la provincia de Neuquén.
El comunicado, firmado por el P. Martín Gottle, coordinador del EDIPA; y por Germán Zúñiga, coordinador de la región sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) se refiere a la crisis en torno al reconocimiento y respeto de los derechos indígenas y exhorta al Estado argentino a dar cumplimiento efectivo e inmediato a los derechos de los Pueblos Indígenas, reconocidos tanto en la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) como en la Constitución de la Provincia del Neuquén (artículo 73) y en los tratados internacionales.
En el comunicado se reafirma “el diálogo como medio de resolución de conflictos, entendiendo que es el único camino en el cual se pueden abordar los temas respetando los derechos de los ciudadanos”; y se exige “el cese de la violencia de manera inmediata y, sobre todo, el cese de la criminalización de la protesta”.
“La paz social sólo es posible teniendo al diálogo como medio para abordar las diferentes situaciones sociales”, concluye el documento.
El reclamo por sus derechos
El martes 15 de julio un grupo de líderes mapuche se había encadenado frente a la Casa de Gobierno neuquina en reclamo por el reconocimiento formal de sus comunidades indígenas y a la espera de ser recibidos por el gobernador Rolando Figueroa.
El reclamo de la comunidad mapuche es histórico. Ellos piden el reconocimiento del Estado a través de la personería jurídica para acceder a derechos básicos a los que hoy no pueden, como derechos de propiedad y posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, acceso a programas y políticas públicas que buscan mejorar sus condiciones económicas y sociales, incluyendo educación, salud y vivienda, participación en la toma de decisiones en tema que les afecta y preservar su cultura y sus tradiciones.
Según relataron los medios neuquinos, el domingo 20 la policía entregó la orden judicial de desalojo al grupo de personas que se habían organizado con carpas, caballos y chivos en la puerta de la sede gubernamental.
En la intimación al desalojo, las autoridades judiciales consideraban que tal presencia provocaba “perjuicio a la paz social”, dado que se trata de una zona céntrica de la ciudad y los animales ensuciaban el espacio público. Como las comunidades se negaron a cumplir la orden hasta ser recibidos por el gobernador, la policía ejecutó el desalojo por la fuerza.
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